Por Redacción/Estatal
Hermosillo, Sonora (24 de abril de 2019).-
La diputada de Morena por el XIV distrito, Rosa María Mancha Ornelas presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Gobierno y Administración Municipal que permitan una ejecución más responsable de los recursos públicos y asignación presupuestaria.

Explicó que para realizar una ejecución responsable de los recursos públicos y la asignación presupuestal, se debe contar con una planeación de desarrollo municipal que atienda e incluya las necesidades básicas de las comunidades, ejidos y rancherías de Sonora.

Mancha Ornelas detalló que la planeación del desarrollo municipal es una actividad de racionalidad administrativa que atiende necesidades básicas como seguridad pública, servicios públicos, disposición de aguas residuales, tratamiento y disposición final de residuos, mercados y centrales de abasto, panteones, rastro, calles, parques y jardines, entre otros. “Con las modificaciones de esta iniciativa se busca que toda área poblacional que integre un municipio tenga las mismas oportunidades de desarrollarse económicamente mediante obras de inversión pública y programas de desarrollo integral para que de esta manera sean tomados en cuenta mediante mecanismos de participación y decisión ciudadana”, señaló.

Reiteró que el presupuesto municipal se tiene que distribuir de acuerdo a la población que habite en los ejidos y rancherías, priorizando las necesidades del sector, teniendo una inversión económica igualitaria a la que se brinda a las zonas urbanas. “Debemos evitar que se presenten polos de desarrollo de manera desproporcionada y que estos sean acreditados con base en intereses partidistas o particulares. Es necesario que se tome como punto de referencia los principios de proporcionalidad e igualdad de condiciones al número de pobladores de cada sector”, comentó.

A través de la planeación, los ayuntamientos podrán mejorar sus sistemas de trabajo y aplicar con mayor eficacia los recursos financieros que tanto el gobierno federal como el estatal transfieren para el desarrollo de proyectos productivos y de beneficio social. El propósito principal es reorientar la actividad económica para obtener el máximo beneficio social, puntualizó. La presente iniciativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano para su análisis y dictaminación.